ESPAÑA, APARTA DE MÍ ESTA CRISIS
ESPAÑA, APARTA DE MÍ ESTA CRISIS
La crisis económica en España nos está llevando al borde de una catástrofe social sin precedentes. Las consecuencias de la crisis son funestas: suicidios de deudores por desahucios inmobiliarios, huelgas colectivas con broncas callejeras entre ciudadanos y policías saldadas con decenas de heridos y detenidos, gente que paga así su derecho a protestar por haber perdido su empleo, ser afectados por las congelaciones de salarios, haber sido desalojados de sus viviendas, y otros tantos miles de trabajadores, estudiantes, funcionarios, comerciantes, jubilados e incluso artistas, que manifiestan así su repulsa a los continuos recortes sociales y las medidas anti-crisis que está aplicando el gobierno de Mariano Rajoy.
España está postrada en una caótica situación, y el miedo, la pena y la desazón, se generalizan al vislumbrarse un negro horizonte. A pesar de encontrarnos en un país europeo del siglo XXI sufrimos el retroceso económico en el tiempo. Vivimos en un país donde ya no hay trabajo fijo, ni techo seguro, ni ayudas básicas, las familias a duras penas llegan a fin de mes. El paro, el hambre y la incertidumbre, están mellando la salud mental de muchas personas. Y, en un pueblo convaleciente y necesitado se estancan la producción, el consumo, la cultura, no se construye casi nada, ni florecen las artes, se pierde todo, hasta la dignidad moral y el respeto a los valores humanos alcanzados.
El coste social y económico de la crisis y las políticas adoptadas para combatirla es inverosímil. Equivale a una confrontación bélica, donde todo el mundo es afectado, tanto por las consecuencias de la debacle económica como por los brutales recortes del gobierno. El pueblo recibe duro golpe de uno y otro lado, y nadie puede hacer nada salvo aguantar la paliza o protestar en la calle. Mucha gente, con la esperanza aniquilada se ve imposibilitada de llevar una vida normal, siente nervios y angustia por no saber que sucederá mañana, si tendrán recursos para sobrevivir.
Nadie entiende por qué el gobierno, en su afán de afrontar la crisis que ha derruido las arcas del Estado, sacrifica a las familias imponiéndoles mayor presión fiscal y desmedidos recortes sociales, por qué prefiere reflotar a las empresas que manejan el dinero, a bancos usureros que lucran con el dolor ajeno y crecen a costa de hundir en la miseria a familias enteras. “La austeridad es justa y necesaria” dicen los gobernantes del Partido Popular, sin saber que toda austeridad tiene un límite, y que sus furibundos tijeretazos más que justos y necesarios son lapidarios para una población ya extenuada por la crisis.
Se sabe que una política extremadamente austera y la búsqueda de una drástica reducción del déficit, a corto plazo produce un paro económico que propicia la destrucción masiva de puestos de trabajo con los agravantes que ello implica, disminuye el poder adquisitivo de las familias, se retrae gravemente el consumo y el producto interior bruto retrocede, como ha ocurrido en el tercer trimestre del 2012, un 0,3 por ciento menos frente al segundo trimestre. El PIB español es tan vulnerable, como el de Irlanda, Grecia y otros países castigados por las caídas de su actividad económica, que en conjunto afectan a la economía de la zona euro que ha vuelto a entrar en recesión, con un desplome del 0,1% del producto interior bruto.
La crisis económica española ha vertido al mercado europeo la llamada crisis de deuda. Y, a la vez que los intereses de la deuda soberana se elevan, la prima de riesgo se dispara por la desconfianza de los inversores sobre la solvencia del país. La rentabilidad de la deuda española, siempre ha demandado más intereses que los de otros países como Francia y Alemania con economía más saneadas que crecen lentamente. En el último año la prima de riesgo española no ha bajado de los cuatrocientos puntos básicos. Las políticas contra-crisis no han conseguido el efecto deseado, la prima de riesgo no se relaja y las previsiones de crecimiento económico son negativas para este año y el siguiente.
En el ciclo depresivo actual el gobierno debería buscar salidas más positivas. El recorte del gasto social, derivado de la prolongada situación de crisis ha propiciado la disminución en el pago de protección a desempleados, así como el incremento de la edad de jubilación. Se ha perdido más de un millón de puestos de trabajo desde que estalló la crisis, y, actualmente hay casi cinco millones de ciudadanos desocupados, lo que ocasiona el incremento del índice de pobreza y marginación social, y como consecuencia un auge de la delincuencia, prostitución y mendicidad en las calles
Del mismo modo, el aumento de la carga tributaria, a través del IVA e IRPF, ocasiona mayor depresión de la actividad económica. Produce inflación de precios, descenso en el nivel de empleo, y el consumo, variable básica de la demanda agregada, se contrae, En primer lugar, se deberían crear más puestos de trabajo, ya que el consumo depende de la capacidad adquisitiva de la población y esto se logra mediante la creación de empleo. Si no hay trabajo para la gente, surge el caos, la necesidad y desigualdad social, se deteriora el orden legal y la libertad individual Se siente uno prisionero, entre la espada impuesta por disposiciones gubernamentales y las rejas implantadas por un sistema económico que lo envuelve todo con un hedor putrefacto.
Habría que cambiar las leyes de este país. La legislación vigente no protege a nadie, ni a los trabajadores asalariados o autónomos que sufren el impago de sus empleadores y contratistas, ni a las familias que reclaman justicia por haber perdido un hijo o hija víctimas de la violencia, ni a las familias con hijos pequeños que están en el paro, ni a las familias con deudas por hipotecas. La justicia más bien vela por los intereses de los empresarios prepotentes que despiden sin causa justificada, al juez insulso que dictamina el desalojo, a la entidad financiera que se nutre año tras año de elevados intereses hipotecarios. La justicia no percibe el drama que viven los ciudadanos que no pueden pagar el alquiler o la hipoteca de sus viviendas porque no tienen ingresos, están sin trabajo o en el paro y sin cobrar prestación alguna. La justicia no defiende a los afectados por la crisis, al contrario los fustiga más, los acoquina de manera no solidaria e injusta.
Se espera que los gobernantes tomen conciencia de su actitud contraproducente y cambien de accionar frente a la crisis. El pueblo está agotando sus últimos recursos salvavidas, y no podría ya resistir nuevos embates temporales causados por otras salvajes medidas de lucha contra la crisis a manos de este gobierno.
Barcelona, 16 Noviembre 2012