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COMERCIO AMBULANTE EN LIMA

COMERCIO AMBULANTE

El comercio ambulante es un fenómeno causado por desajustes en la estructura económica del Estado, que ocasiona alzas desmedidas del costo de vida, reducción permanente de salarios y creciente desempleo, que afecta a vastos sectores de la población, sobre todo a gente sin recursos, migrantes llegados del interior del país, estudiantes, parados y grupos familiares empobrecidos, que se ven obligados a desempeñar la labor de venta ambulante para poder ganarse el pan diario.
En Lima, la gran capital peruana, el fenómeno del comercio ambulante empezó a crecer con rapidez a mediados del siglo XX, impulsado por la migración del campo a la ciudad, personas sin empleo ni fuentes de ingresos, invadieron el centro de Lima para desarrollar el comercio callejero como una vía para sobrevivir. Esta actividad comercial se convertiría en trabajo y los inmersos en este populoso sector no regulado de la Economía Nacional se transformarían en trabajadores ambulantes, concientes de su condición social, que empujados por la necesidad de ganarse el sustento, de manera honrada y digna, han creado sus propios puestos de trabajo y a la vez han venido organizándose y participando en entidades asociativas.
Dentro el conglomerado de quioscos y paraditas del centro limeño, sobre todo los que rodeaban el mercado central y se expandían por los cuatro lados, las más pobladas de comerciantes eran las veredas de la avenida Abancay que iban hacia Plaza de Acho o por el lado contrario hacia Parque Universitario y Avenida Grau, o las que llegaban a la Plaza de Armas y más abajo a la Plaza Unión. En la zona céntrica de Lima surgieron gremios de vendedores ambulantes que se integraron en la Federación de Vendedores Ambulantes del centro de Lima (FEVACEL) que centralizó su lucha en la defensa del puesto propio ante el asedio y amenaza de expulsión proveniente de la alcaldía municipal.
Surgió también la Central de Trabajadores Ambulantes (CETAL) que aglutinaba diversos sindicatos cuyos dirigentes en su mayoría afliados a partidos  políticos de izquierda discrepaba con los de la FEVACEL ligados también a la Asociación de Vendedores Ambulantes del Perú (ANVAP), que a su vez disentían con los de la Asociación de Vendedores Ambulantes Revolucionarios (ANVAR) y con los de otras entidades apostadas en el casco antiguo de Lima. 
Una de las de mayores organizaciones aparecidas en los años de auge del comercio ambulante -años 70, 80 y 90 del siglo pasado- es la Federación Departamental de Vendedores Ambulante de Lima y Callao (FEDEVAL). Fundada el 20 de mayo de 1979, en un Encuentro Metropolitano de Ambulantes, donde se debatió la problemática del comercio ambulante y las propuestas de solución alcanzadas por los trabajadores, donde se definió también el objetivo de la federación que era elevar el nivel de organización de los trabajadores y establecer una plataforma de lucha común.
A la FEDEVAL se integraron decenas de Federaciones de ambulantes de los distritos incluídos en el área metropolitana, como las de San Martín de Porres, Comas, Lince, Ate-Vitarte, y muchas otras con buen nivel de organización de sus integrantes que defendían la estabilidad en sus puestos de trabajo que consideraban un derecho ganado y que luchaban además contra el alza continua del tributo por ocupación de la vía pública, el cobro excesivo por la expedición de carnés de sanidad y otras medidas coactivas que les aplicaban los regidores municipales
Los diversos alcaldes de Lima han enfocado y actuado de manera diferente respecto al comercio ambulante, algunos intentando reubicar y otros desalojar a los ambulantes de las arterias céntricas pero siempre han encontrado bloques humanos dispuestos a resistir hasta el sacrificio con tal de mantener su puesto de trabajo. A principios de 1981, el alcalde Eduardo Orrego, apoyado por sus agentes municipales consiguió -tras una serie de enfrentamientos con los ambulantes que se resistían a desmontar sus quioscos improvisados en las vías públicas- reubicarlos en zonas un tanto alejadas del centro de la ciudad. Muchos trabajadores, carentes de orientación, en medio de la desesperación y el miedo, aceptaron la propuesta del alcalde y se trasladaron a las riberas del río Rímac. Así, en sólo dos cuadras del jirón Santa se acomodaron más de dos mil trabajadores ambulantes. La municipalidad otorgó legalidad a la nueva zona comercial con el título de: “Campo Ferial de Polvos Azules” Otros contingentes de ambulantes aceptaron ser reubicados en las frías plataformas del jirón Amazonas convertido también en Campo Ferial.

Sólo aquel puñado de organizaciones de trabajadores ambulantes vinculadas a Federaciones, como la FEDEVAL o la FEVACEL, sólidamente organizados y con una dirección que los preparaba para resistir el embate de los municipales, tuvieron la oportunidad de gozar de larga permanencia en sus puestos de trabajo.

El posterior alcalde, Alfonso Barrantes, adoptó una política diferente respecto a la "problemática" generada por el comercio ambulante en una ciudad cuyos habitantes reclamaban remodelación y medidas urgentes para evitar el deterioro de la zona histórica de la ciudad. Al contrario de las expulsiones o reubicaciones de ambulantes, la alcaldía, a través de la dirección general del comercio ambulatorio se preocupó más por diseñar reglamentos que afianzaran el funcionamiento de este comercio que consideraba de vital importancia, social y económica, ya que de algún modo creaba empleo y propiciaba una fuente de ingresos a buena parte de la población afectada por la crisis económica.

Los ambulantes, a través de sus portavoces gremiales, declaraban que ellos no hacían competencia desleal a las tiendas establecidas en los canales regulares de comercialización. Sus productos eran de calidad diferente y con precios diferentes, destinados a la gente con escasos recursos que no podían adquirirlos en dichos establecimientos comerciales. Y, por otro lado, manifestaban que el deterioro urbano no lo estaban causando ellos con su comercio sino que era responsabilidad de las mismas autoridades que desatendían el mantenimiento de los principales parques, jardines y edificios públicos de la ciudad. 

Entre 1983 y 1986 la dirección municipal de comercio ambulante centró su atención en el diseño de leyes y ordenanzas a favor de los trabajadores ambulantes. La Regiduría encargada, con la participación directa de dirigentes de gremios de ambulantes, elaboró y aprobó el proyecto denominado Reglamento Metropolitano del Comercio Ambulatorio, que el Concejo Provincial de Lima hizo público. Una de las disposiciones dictaminadas por la Regiduría, que luego sería cuestionada por diversos grupos de ambulantes era la Ordenanza número 002, que disponía la creación del Fondo Municipal de Asistencia al Trabajador Ambulante, en siglas: FOMA, como un organismo descentralizado y orientado preferentemente al desarrollo de proyectos de carácter comercial, productivo, de asistencia social y salud al trabajador ambulante.

El FOMA debía constituirse con el 50% de los importes que los trabajadores ambulantes abonaban a la Municipalidad por los conceptos señalados en la presente ordenanza, entre éstos, el pago por derecho de ocupación de la vía pública.” Era un reglamento de alcance Metropolitano, por lo que el texto disponía que cada Municipalidad debía reglamentar el FOMA correspondiente a su jurisdicción.

En Lima Cercado, sin embargo, la aplicación de esta ordenanza municipal, que de algún modo favorecía al comercio ambulante, hallaba obstáculo en la postura radical de numerosos grupos de vendedores callejeros sobre todo los ligados a sindicatos dirigidos por líderes con afiliaciones políticas que no querían saber nada del referido Fondo Municipal aduciendo que era una pantomima montada por el Concejo Provincial en contubernio con los dirigentes de la Federación de Ambulantes (FEDEVAL) a los que consideraban oportunistas.

Aún así, y con el concurso de entusiastas trabajadores ambulantes, la regidoría municipal posibilitó el nacimiento del FOMA-Lima Cercado en una pequeña oficina ubicada en el segundo piso del edificio del Mercado Central cuyo alquiler se pagaba con los propios recursos de este organismo. Allí se reunían los miembros de la junta de administración a diseñar políticas favorables a este ente municipal destinado a brindar beneficios sociales a los ambulantes.

Pero, debido a la escasa participación de las asociaciones de ambulantes, el FOMA tenía poco éxito en Lima Cercado. En cambio en algunos distritos del área metropolitana este organismo, de naturaleza mitad privada y mitad pública, sí gozaba de aceptación entre los trabajadores ambulantes, como en el caso del distrito de San Martín de Porres, donde sus responsables habían llegado a crear la Casa de la Salud del Trabajador Ambulante con el propósito de combatir las enfermedades y males corporales que afectaban a muchos comerciantes.

Los responsables del FOMA-Lima Cercado, influenciados por los avances del FOMA en algunos distritos, propusieron la creación de una Casa de la Salud del Trabajador Ambulante en el área central de Lima. Este ambulatorio, sin embargo, no llegó a ser más que un espacio arrinconado en una minúscula oficina, donde un estudiante de medicina valiéndose de un irrisorio material médico, realizaba consultas, labor de primeros auxilios, aplicación de vacunas a los niños contra el sarampión y la viruela, y entrega racionada de medicamentos a los trabajadores ambulantes afectados por imprevistas enfermedades.

La Casa de la Salud de Lima Cercado, a pesar de constituir un dispensario vital para el conglomerado de trabajadores ambulantes del anillo central limeño, contra todo pronóstico, cerró sus puertas a los pocos meses de haber empezado a funcionar. Las causas que motivaron el cierre fueron la falta de dinero para subvencionar su funcionamiento y la ausencia de un Acuerdo Sectorial favorable a los trabajadores entre los líderes de los gremios anclados en esta zona.

El FOMA fracasó también cuando diversas asociaciones de ambulantes desconocieron el tributo municipal por la ocupación de la vía pública y se negaron a pagarlo alegando que los recaudadores habían sido contratados por los regidores municipales en mutuo acuerdo con los dirigentes de ambulantes que integraban el FOMA. Aquellos ambulantes reacios al FOMA decían que no querían contribuir con su dinero a llenar las arcas de los aliados Consejo Provincial y Federación de Ambulantes de Lima y Callao (FEDEVAL)

La dirección de comercio ambulante, tras el fracaso del Fondo Municipal de Asistencia al Trabajador Ambulante en el centro de Lima, amparándose en la rebatida Ordenanza 002, impulsó la creación de la Comisión Técnica Mixta dentro del Municipio Provincial constituida por tres regidores municipales y tres representantes de las organizaciones de trabajadores ambulantes. Pero, no obstante el interés sobre el tema que mostraban los interesados, las sesiones de trabajo de esta Comisión tampoco pasaban de ser tertulias de amigos, en las que analizaban de modo muy superficial la problemática del Comercio Ambulante. Pronto, debido a su ineficacia, la Comisión fue disuelta y la Regiduría municipal aparcó su ordenaza y las normas diseñadas para prestar servicios a este sector de la sociedad.

Años después, en mayo de 1997, el nuevo alcalde Alberto Andrade inició una campaña de reordenamiento de los ambulantes del centro limeño, en una criticada acción municipal que incluyó quema y destrucción masiva de puestos de ambulantes. Las asociaciones de ambulantes de los alrededores del Mercado Central y Mesa Redonda fueron inducidos a la fuerza a abandonar el lugar donde habían trabajado durante muchos años. Miles de trabajadores fueron expulsados de los mercadillos que ellos mismos habían creado para favorecer su comercio, tuvieron que replegarse hasta las calles limítrofes con los distritos adyacentes. En medio del desbande, grupos de Asociaciones de ambulantes rompieron las vallas de un desocupado recinto comercial que se veía desocupado en la primeras cuadras de la avenida Argentina y allí crearon el Campo ferial Las Malvinas. Otros contingentes de trabajadores ambulantes se desperdigaron por los cuatro lados de la zona céntrica de Lima.

Los comerciantes ambulantes de Lima son solo una muestra de los millones que actualmente suman en nuestro país, y que se dedican a este comercio como una vía de acceso hacia mejores condiciones de vida aunque siempre dispuestos a la lucha social ya que son afectados por ordenanzas ediles adversas al comercio ambulante, que al ser considerado un “problema” debería ser encarado por el Gobierno central, en coordinación con todos los consejos municipales, porque el “problema” no se soluciona con desalojos sino con la creación de más puestos de trabajo, más mercados populares y más oportunidades para el pueblo que sufre crisis económica.

Es tarea pendiente para los futuros gobiernos, la de formalizar este comercio que surgió como respuesta de una población carente de ingresos, que se lanzó a la calle a vender mercancías con el fin de obtener un dinero que le permitiera zafarse de las garras de la miseria y salir adelante. Encontraron en el comercio ambulante una fuente de trabajo en respuesta a la falta de empleo y a la crisis  económica que desde hace años padece nuestro país.
Jorge Varas
6 agosto 2020