CRISIS POLÍTICA Y MASACRES EN PERÚ

CRISIS POLÍTICA Y MASACRES EN PERÚ

CRISIS POLÍTICA Y MASACRES EN PERÚ

El 7 de diciembre del 2022, mediante lectura de un documento que sostenía con pulso tembloroso, el entonces presidente Castillo anunció el establecimiento de un gobierno de emergencia excepcional, la disolución del Congreso de la República y entre otras cosas que gobernaría con decretos leyes emitidos por el poder ejecutivo. La noticia paralizó a la sociedad peruana. Muchos lo consideraron un golpe de Estado con el propósito de asumir todo el poder gubernamental, sin la carga de un Congreso obsesionado en vacarlo.  Pero su disposición no contó con el apoyo de Las Fuerzas Armadas vigilantes de la vida democrática que se desmarcaron de quién tampoco había revelado a nadie su  propósito –ni a sus propios compañeros de línea política, –y se quedó solo. Los congresistas desestimaron la decisión del mandatario de cerrar el Parlamento y en votación mayoritaria –incluso con votos de los propios partidarios de Castillo –aprobaron su destitución  por “incapacidad moral”.

Tras la renuncia de los ministros de Castillo y para evitar un vacío de poder político el Congreso decidió investir rápidamente como presidenta a Dina Boluarte quien proclamó un gobierno de transición hasta la celebración de nuevas elecciones. Mientras tanto, Castillo acusado de “rebelión” y “conspiración” fue detenido y encarcelado en el mismo penal en que  está preso el ex-presidente Alberto Fujimori. Estos hechos ocasionaron un terremoto en el territorio peruano. Amplios sectores de la población, sobre todo campesina de la parte sur del país, que había dado sus votos a Castillo para que fuese elegido presidente, se indignaron y salieron a la calle a protestar airadamente. Osados manifestantes se enfrentaron a la policía que empezó a disparar a diestra y siniestra por orden superior, regando la calle de muertos y heridos. Se produjeron masacres en Ayacucho, Apurímac, Juliaca, Cuzco, contra la gente que marchaba y protestaba con su consigna unánime de “que se vaya Dina Boluarte”, “que se cierre del Congreso” y “que haya nuevas elecciones”.

Sangre, dolor y muerte en el seno de una población que sobrevive de lo poco que le produce el campo y la venta ambulante de productos agrícolas y artículos para el hogar, que mora en la orfandad social, en la desasistencia a los servicios básicos, sus comunidades están alejadas de las grandes ciudades sobre todo de Lima núcleo del centralismo económico y político. En el trasfondo de las protestas hay un reclamo social por el abandono histórico de estas regiones pobladas de quechuahablantes, de aldeanos aymaras, de gente con carencia material que clama por un gobierno que los represente, que los tome en cuenta y los apoye en sus proyectos de desarrollo.

La fiscalía de la nación denuncia a Dina Boluarte y apertura procesos de investigación por genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, cometidos en manifestaciones públicas con la intención de que a los responsables de las numerosas muertes les caiga el peso de la justicia para que “ninguna muerte quede impune”. Nuestra vida es valiosa y nadie tiene derecho a quitárnosla. Remo Candia, presidente de la Federación de Campesinos de Anta Remo cayó abatido de un disparo en el pecho cuando desarrollaba su lucha social. Este asesinato se suma a las otras 47 víctimas entre ellos un niño, adolescentes, jóvenes cuyas vidas se apagaron entre el humo de bombas lacrimógenas y proyectiles disparados por las fuerzas del orden público que reprimió violentamente a los manifestantes.

“¡Basta ya! ¡No más muertes!” Rezaban los carteles en la fluida marcha por la paz que se realizó el 3 de enero en Lima y otras ciudades pidiendo el alto a la violencia social en que vive el país. Pero a los pocos días, en la Sierra, a cerca de 4000 metros de altura, los féretros en hombros de gente compungida aguardaban los cuerpos inertes de sus ocupantes para llevarlos a su última morada. En la plaza de Armas de Juliaca se rindió homenaje a los caídos considerados “mártires de la democracia”. La bandera banca y roja fue reemplazada por otra de color negro en señal de luto. El día de la masacre murió también quemado vivo un policía nacional dentro su coche patrulla que fue incendiado por una turba enardecida que acrecentó la escalada de violencia en esta ciudad

Dina Baluarte lamenta las muertes de sus compatriotas pero no piensa renunciar a su cargo, porque alega que ello implicaría que Perú entrase en una etapa de caos social. Pero es patente la convulsión social, en una sociedad dividida entre unos que apoyan su mandato  entre ellos  la Derecha política y otros que piden su dimisión ya que representa la cabeza de una clase política inepta que no es capaz de gobernar con acierto, ni de atender la demanda social ni detener el desangre de la población. Además de su renuncia, se pide el adelanto de las elecciones presidenciales y legislativas y la convocatoria para reunir una Asamblea Constituyente que promueva una nueva constitución, para salir de la profunda crisis política por la que atraviesa el país.

14 Enero 2023