D.U.I. Y ARTÍCULO 155
D.U.I. Y ARTÍCULO 155
El pasado viernes 27 de octubre, el Parlamento catalán, sin previo acuerdo formal con el gobierno del país del cual quiere separarse, normado por la Constitución Española, aprobó la propuesta de resolución de la Declaración de Independencia. Lo hizo de manera Unilateral (DUI) a través del voto secreto de los diputados en su mayoría separatistas, ya que los representantes de las principales fuerzas políticas de la oposición: Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, que habían participado en el debate, abandonaron el hemiciclo al considerar que era una votación ilegal y estaba fuera del marco jurídico de las Leyes establecidas.
La acción ocasionó la respuesta inmediata del ejecutivo de Mariano Rajoy, que en base a la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, para restaurar el orden legal en Cataluña, cesó a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras como presidente y vice-presidente de la Generalitat de Cataluña y a todos los consellers autonómicos ordenando que las competencias del gobierno local lo asuman los responsables de los ministerios públicos. Ha limitado así las funciones del Parlament Catalán e igualmente ha convocado a elecciones autonómicas para el día 21 de Diciembre.
El gobierno de Rajoy no sólo intervino la Generalitat, dejando sin cargo a más de 150 funcionarios, también intervino la Policía autonómica, con el cambio de los máximos jefes de los Mossos d’escuadray poniéndolos a las órdenes del Ministerio del Interior. El presidente ordenó además la destitución de los delegados de la Generalitat en Bruselas y Madrid, y la extinción de los organismos dependientes de la propia Generalitat como el Consell de Transició y las delegaciones en el exterior.
Estas medidas gubernamentales cortaron la alegría de miles de catalanes secesionistas que celebraban el advenimiento de su república con vítores y festejos populares. En Barcelona y sobre todo en algunas comarcas del interior -donde incluso habían reemplazado la bandera española por la estelada independentista-, devino la confusión y a muchos se preguntaban si realmente había nacido o no la República catalana.
El 2 de noviembre, la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, a pedido de la Fiscalía del Estado, considerando el alto riesgo de fuga -ya que el ex-president Puigdemont y otros 4 ex-consellers habían viajado a Bruselas desistiendo de comparecer ante la justicia- ordenó prisión incondicional para 8 de los ex-consellers imputados por delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos. Sólo un ex-conseller, que renunció a su cargo antes de la DUI, salió en libertad tras pagar una fianza de 50,000 euros.
La opinión de los líderes de los partidos “constitucionalistas”: Ciudadanos, Partido Popular y Partido Socialista favorables a la condena contrastó con las posturas de los dirigentes de los partidos independentistas y de agrupaciones próximas a ellos. Esquerra Republicana, PDCAT, Barcelona en Comú, Unidos Podemos mostraron indignación ante la sentencia judicial y criticaron duramente al gobierno español.
La Asamblea Nacional Catalana, Omnium Cultural y otros grupos entroncados al movimiento independentista, que ya llevaban a cabo manifestaciones de protesta por la liberación de los dirigentes Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, intensificaron sus acciones de protesta exigiendo la liberación de los que consideran: “presos políticos”
Aunque hace unos días, la jueza Lamela emitió la orden internacional, de detención de Carles Puigdemont y 4 de sus ex-consejeros que se encuentran en Bruselas, por delitos de rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia. Pero los ex-consellers han desestimado las acusaciones de la justicia española y se han provisto de abogados belgas confiados en el amparo que pueda proporcionarles la justicia de este país.
Finalmente, el domingo 4 noviembre, Puigdemont y sus 4 ex-consellers se entregaron a la policía de Bélgica y quedaron a la espera de la decisión del juez que investigará sus casos. El desarrollo de este tema judicial podría tomar entre 2 y 3 meses hasta que se dictamine la resolución final de la justicia belga y poder ver si considera o no la entrega de estas personas a la justicia española.
Mientras el movimiento independentista prosigue con un convocatoria a huelga general el día 8 de noviembre, la pega de carteles en diversos espacios públicos pidiendo la libertad de sus dirigentes encarcelados, concentraciones masivas frente a ayuntamientos, llamamiento para acompañar a Carme Forcadell y otros ex-miembros de la mesa del último Parlament citados por la Fiscalía para comparecer, en Madrid, el próximo jueves y con otras acciones diversas.
Y además los partidos separatistas están dispuestos a participar en las elecciones convocadas por el gobierno de Mariano Rajoy. Esquerra Republicana aspira a ir solo a las autonómicas al igual que Barcelona en Comú. PDCAT por su parte propone una lista única con Puigdemont como candidato. Y ya se prevee una competición casi pareja contra los partidos que apuestan por un cambio de dirección de la política catalana manteniendo siempre la unidad de España.