EL GOBIERNO DE RAJOY CONTRA INMIGRANTES REAGRUPADOS
EL GOBIERNO DE RAJOY CONTRA INMIGRANTES REAGRUPADOS
El Gobierno de Mariano Rajoy, asestó otro hachazo a la Sanidad Pública con la reforma sanitaria del año 2012. Afectó no solo a más de diez millones de ciudadanos españoles que vieron mermadas sus coberturas en la Sanidad, sino también a cerca de un millón de residentes extranjeros, en su mayoría ancianos reagrupados por sus familiares que a pesar de tener la tarjeta de residencia comunitaria en plena vigencia han perdido el derecho a la tarjeta sanitaria por no haber cotizado antes a la seguridad social.
Y lo peor, la reforma de la Sanidad que dirigió la ex-ministra Ana Mato faculta a la Administración del Estado para iniciar el proceso de extinción de los permisos de residencia y la consiguiente expulsión de los extranjeros que no han cotizado, sobre todo de los ancianos con papeles que no tienen derecho a la cobertura sanitaria porque la Seguridad Social se los ha negado. El Real decreto 16/2012 eliminó además 800,000 tarjetas sanitarias de personas que estaban renovando sus permisos de residencia.
Este abuso del Gobierno ya ha provocado demandas en los Tribunales de Justicia a favor de ancianos desprotegidos, por parte de la “Plataforma en contra de la Reforma Sanitaria del Gobierno de 2012” del Colectivo “Yo Sí, Sanidad Universal” y juicios iniciados por personas defensoras de los Derechos Humanos. El Real decreto 1192/2012, de 3 de agosto, lo especifica claramente: “las personas con permiso de residencia y pocos ingresos tienen derecho a la tarjeta como asegurados”.
Pero el Gobierno de Rajoy no reconoce el derecho a la asistencia sanitaria de los inmigrantes reagrupados. Es más, con el pretexto de la figura de la extinción amenaza así a este colectivo de ascendientes de españoles de origen peruano argentino, colombiano, y otras partes del mundo. Busca meter miedo a los ancianitos y sus familiares que los han reagrupado para que se marchen de España y dejen de ser una carga para el Estado.
Loa ancianos sin acceso a la red sanitaria pública, tampoco tienen la posibilidad de contratar un “seguro médico privado”, ya que las aseguradoras no admiten un seguro privado para personas de avanzada edad porque no les son rentables. O, con excepciones, les ofrecen unos seguros especiales con planes de pago que van de tres a cinco mil euros anuales.
La crisis aún golpea a los españoles y se agudiza con el recorte de los derechos a la salud y a la integridad física de las personas. La Sanidad Pública no debería caer en la arbitrariedad de un Gobierno que genera aún más sufrimiento en la población. Hace falta leyes, no solo que deroguen el decreto 16/2012 por inconstitucional, sino que además garanticen el derecho a la atención sanitaria a todos los ciudadanos. Sería inhumano dejar morir a un anciano inmigrante enfermo delante de un hospital sólo por no haber cotizado antes a la Seguridad Social y no tener derecho a ser asistido por los médicos.
Jorge Varas
Barcelona, 11 agosto 2015