Jorge Varas

El Gobierno de Rajoy ha respondido de manera tajante, con el empleo de las herramientas judiciales de que dispone. Varios dirigentes separatistas han sido detenidos por la policía, por organizar actos relacionados con este tema. Rajoy ha recibido ácidas críticas por los presos políticos que hace su Gobierno. Y ha ocasionado concentraciones masivas en las vías barcelonesas donde mucha gente expresa su sentir incitando a los demás a la protesta y a seguir con su afán de que se celebre la consulta independentista.

En el Congreso, la disputa entre secesionistas catalanes y el Gobierno español ocasionó un clima tenso. El diputado  de Esquerra Republicana de Cataluña, Marc Rufián le exigió a Mariano Rajoy que saque "sus sucias manos de las instituciones catalanas". Y el mandatario insistió en que el Gobierno está cumpliendo con su obligación de hacer respetar las leyes en España.

El ministro Cristóbal Montoro, advirtió a Oriol Junqueras, líder independentista, que Hacienda intervendrá la Caja de la Generalitat de Cataluña, si se niega a seguir informando sobre los gastos de la comunidad catalana a la Administración de Hacienda, una función que le compete como vice-presidente de la Generalitat de Cataluña.  

Miles de catalanes protestan desde sus casas con sonoras caceroladas o salen a la calle a manifestarse contra las actuaciones judiciales y policiales que en cumplimiento de órdenes superiores requisan papeletas, afiches y volantes referentes a la Consulta o Referéndum convocada por el Parlamento catalán el próximo 1 de octubre 

Las manifestaciones de protesta contra el Gobierno español se han intensificado, desde la marcha de solidaridad con las víctimas del terrorismo yihadista donde se exhibieron pancartas de rechazo a la presencia del Presidente Rajoy y del Rey de España, y durante la celebración del día de Cataluña o la Diada, donde se corearon lemas de “no tengo miedo” o “queremos votar” y se exhibieron numerosas banderolas independistas.  La protesta de los independentistas se ha expandido y va en auge cada día.  

Mentras el Tribunal Constitucional amenaza con duras penas y sanciones a quienes rompan la legalidad e incumplan la orden de no participar en actos relacionados con el referéndum de autodeterminación. Y, la policía, con sus más de 10,000 agentes que han llegado a Cataluña enviadas por el Gobierno español, está requisando papeletas y propaganda alusiva a la celebración del referéndum.

Todo puede suceder de aquí al 1 de octubre, y aún este día. Habrá aglomeración de gente en sitios determinados, exigiendo que les dejen votar. Mientras la policía actuará con firmeza para hacer respetar las decisiones judiciales, decomisará ánforas e impedirá la celebración de este acto. En un ambiente así, caldeado, no habrá garantías para nadie de que pueda votar sin poner en riesgo su integridad física. Las medidas de fuerza impuestas por el Gobierno central y la actitud rebelde de los líderes independistas que instan a la “desobediencia civil” a sus seguidores podrían ocasionar actos violentos y traer consecuencias lamentables.

Tampoco hay diálogo político para resolver este conflicto. Y debería haberlo. Se deberían reunir las partes implicadas  e intentar llegar a un acuerdo. Sería por el bien de la democracia en este país. Y, si se acordase un referéndum, el Congreso tendría que aprobar la reforma de la Constitución española, vigente desde 1978, para así legalizar la propuesta. Entonces sería un referéndum con todas las garantías necesarias que puedan ofrecer las leyes de este país. 

La imposición del palo a casi la mitad de población catalana empecinada en querer independizarse de España tampoco es la adecuada.  Ya lo adoptaron en el pasado Francisco Franco y algunos reyes de España. Se la podrá someter temporalmente pero no cortarán su raíz,  su ideal político, los independentistas volverán a sacar el cuerpo y su lucha persistirá en el tiempo. 

La Comunidad europea, a la que está ligada España, prefiere no mediar en este asunto, aduce que es un problema político interno de este país y le corresponde a sus dirigentes resolverlo. Sí advierte que en caso de que Cataluña se independize de España quedaría fuera de la Comunidad Europea.  No hay perspectivas favorables a la solución de este conflicto político. 

Casi la mitad de la población catalana quiere votar por el sí a la independencia pero la otra mitad de la población, que se siente catalana y a la vez española,  exige también que  se respeten  sus derechos como ciudadanos y su postura de no a la independencia. 

Las incidencias políticas están fracturando la sociedad catalana y sus consecuencias son desfavorables en muchos aspectos. Hay empresarios que ya no producen y están trasladando sus empresas hacia mercados más estables. La economía local adolece de poca o nula inversión como consecuencia de la huída del capital. El gobierno autonómico de Cataluña, inmerso en la consulta independentista, acumula demandas de los sectoresde Salud, Educación, Trabajo. 

Son urgentes las propuestas de solución para la guerra  política desatada en este país. Las partes beligerantes deberían abrir las puertas del diálogo y buscar salidas viables. De no ser así, de permanecer en la incomunicación, de persistir las amenazas, los insultos y la represión social sólo conseguirán ahondar el problema. 

Y la ciudadanía ya está pagando la factura del divisionismo político. Sin incentivos sociales, tanto del gobierno español como del catalán, sin programas de protección y promoción, con elevados impuestos, ve con con angustia como sus rentas de trabajo disminuyen y la falta de recursos básicos les produce el temor de caer en las garras de la pobreza.

Barcelona 24 de setiembre del 2017